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lunes, 9 de abril de 2018

¡Brasil duele! Por Rodrigo Tisnés



Que Lula da Silva es el político más popular de Brasil, y probablemente de Latinoamerica, no quedan dudas. Por algo su reciente reclusión ha despertado tanto fervor, a favor y en contra de su figura, de su inocencia o culpabilidad, e incluso del Juez federal Sergio Moro, quien lidera la descomunal investigación por el “Lava Jato”: en 4 años se han dictado unas 190 condenas contra políticos y empresarios.
Es tan descomunal como las dimensiones del país, un verdadero continente dentro de otro continente en todo sentido: geográfico, demográfico, económico, social, cultural y político. Por eso, lo que sucede en Brasil impacta tanto en el resto de la región, e incluso en el Mundo.
Antecedentes.
Podría decirse que la renuncia de Fernando Collor de Mello, un tecnócrata alineado con las políticas del Consenso de Washington en la oleada liberal de los 90’, para evitar ser destituido por corrupción, fue el primer anuncio hace bastante más de 20 años.
No obstante, el intrincado sistema político brasileño, siguió funcionando sin mayores alteraciones hasta fecha bastante más reciente.
En 2003, cuando el Partido de los Trabajadores triunfa en las elecciones nacionales, y Lula, su histórico líder, llega a la presidencia, se esperaba que generara cambios radicales en la política y la sociedad brasileña.
No obstante, con el pragmatismo propio de su origen humilde, se dio cuenta que si quería generar cambios profundos en la sociedad brasileña, debía –al menos en principio- convivir con la lógica negociadora/dadivosa del sistema de partidos, que presenta una atomización extrema en el Parlamento, en virtud de su sistema de adjudicación de bancas.
De esta forma, mientras cambiaba para bien la realidad de miles de familias pauperizadas a lo largo y ancho del país, mediante la implementación de los planes “Fome Zero” y “Bolsa Familia”, las dos políticas sociales más radicales en la historia de Brasil; por otro lado, comenzaban a llegar las primeras acusaciones por hechos de corrupción contra el gobierno del PT.
Alianzas peligrosas.
En las 4 elecciones ganadas por el PT, la vicepresidencia correspondió a políticos del PMDB: José Alencar y Michel Temer. Este partido, funciona como un típico “catch all”, lo cual le ha permitido jugar un papel estratégico en la política brasileña desde 1985, al punto tal, que se dice que es imposible gobernar sin su apoyo.
Dada la atomización del sistema de partidos brasileño, esta alianza siempre fue de conveniencia para ambos. El carisma de Lula lo hizo más viable entre 2003 y 2010, pero comenzó a resquebrajarse en los siguientes períodos de gobierno.
Y terminó por deteriorarse completamente con la recesión de la economía brasileña y el crecimiento de ciertas bancadas “ad hoc” como la Evangélica y la Ruralista. Ahí surge la figura del ex presidente de Diputados, Eduardo Cunha, precisamente del PMBD, quien usando su poder bloqueaba desde la Cámara los pedidos para iniciar un juicio por destitución a la Presidenta por una maniobra contable, habitual en todos los gobiernos, pero que servía en ese caso como excusa política para desplazarla del cargo.
Cuando el propio Cunha es acusado de corrupción, y la bancada del PT resuelve retirarle el apoyo para que la Justicia le pueda iniciar una investigación, Cunha movió sus fichas y habilitó el proceso del “impreachment” contra Rousseff, que fue simplemente una dantesca farsa, dado que su suerte ya estaba echada con el cambio en las alianzas políticas.
Una vez asumió Michel Temer, realizó un giro de 180º en la política brasileña, especialmente en materia social y económica: recortó políticas sociales, lideró una reforma laboral profundamente conservadora con el argumento de que es necesaria para “flexibilizar la economía y atraer inversiones”, y más recientemente resolvió militarizar la ciudad de Río de Janeiro.
Él también ha sido acusado de corrupción. Incluso hay una grabación bastante comprometedora. Pero, más pragmático que el PT, mediante acuerdo con otras bancadas, ha conseguido “blindarse” (por ahora) de ser investigado.
La situación de Lula.
Así llegamos a Lula, que tiene varias causas en su contra, pero que acaba de ser procesado por la supuesta propiedad de un apartamento, que habría recibido de la empresa Odebrecht a cambio de favorecerla en la licitación de obras públicas.
En realidad, muchos analistas internacionales sostienen que las pruebas por las cuales se ha condenado al ex presidente en este caso, son –en el mejor de los casos- bastante endebles. A esto se suma el hecho de que el proceso contra Lula ha sido por lejos el más rápido: 9 meses, contra 18 en los casos que había actuado con mayor rapidez anteriormente. No sólo eso genera suspicacias: en 2016 el Juez hizo pública la grabación de una charla entre Lula y Dilma Rouseff, que lo hizo merecedor de una observación.
Pero la suerte de Lula había quedado zanjada el martes de la semana pasada, cuando el Tribunal Supremo, en un fallo dividido, había resuelto no hacer lugar a un recurso de “habeas corpus” que hubiera posibilitado que siguiera en libertad.
De todas formas, el episodio más preocupante, ha sido la reaparición del Ejército, en la persona de su Comandante en Jefe, como actor político activo, al señalar que su institución no toleraría una señal de impunidad, en caso de que el Tribunal Supremo hiciera lugar al recurso de “habeas corpus”.
Luego de amenazar con no cumplir la condena, lo cual hubiese significado un grado de irresponsabilidad institucional mayúsculo de su parte, finalmente Lula negoció su entrega y desde el sábado se encuentra recluido en una prisión en Curitiba; mientras sus abogados diseñan nuevas estrategias que le permitan ser candidato de cara las elecciones presidenciales de octubre, en las que aparece como el clarísimo favorito.
En caso de no poder concurrir por encontrarse inhabilitado, las interrogantes sobre las próximas elecciones son mayúsculas, dado que ningún candidato parece reunir demasiadas voluntades.


viernes, 16 de marzo de 2018

8M: ¿por qué soy un varón feminista? Por Rodrigo Tisnés


 Emily Pankhurst

 Simone de Beauvoir
                                                         Sufragista
 
El 14 de julio de 1789 el pueblo francés toma La Bastilla y pone fin a la vieja monarquía absoluta. El mes siguiente es aprobada la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano bajo la consigna “Libertad, Igualdad y Fraternidad”. Pese a su pomposa declaración de universalidad, dicha declaración dejaba fuera de la categoría de ciudadano a la mitad (más o menos) de la población francesa: las mujeres no eran ciudadanas.
En 1791, Olympia de Gouges, la matriarca del Feminismo, lanzaba como respuesta la Declaración de Derechos de la Mujer y la Ciudadana. Terminó guillotinada en noviembre de 1793. En 1848 y al otro lado del Atlántico, una convención de mujeres estadounidenses culminó su encuentro con una proclamaba en el que reclamaban el derecho al voto. De las 68 firmantes de la proclama, solo una, Charlotte Woodward, pudo ejercer el derecho al voto… 71 años después, luego de que aprobara una Enmienda Constitucional para reconocer el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. En el interín, muchas feministas, a ambos lados del Océano, fueron encarceladas y debieron exiliarse de sus países por manifestarse y reclamar algo tan sencillo como el derecho al voto.
En América Latina, Uruguay fue el primer país en reconocer dicho derecho, con la reforma constitucional de 1917. Lo siguieron Brasil en 1932, Chile en 1934, y Argentina en el 47’.
En 1949, la filósofa francesa Simone de Beauvoir publica su libro “El segundo sexo”, y con la simple genialidad de la frase “no se nace mujer, se llega a serlo”, desata la segunda ola de feminismo. Se trata de un pormenorizado estudio de lo que significa ser mujer, en el que abarca disciplinas como la Historia, Antropología, Sociología, Biología y Psicología. Su conclusión, resumida en la frase citada, es que más allá del hecho biológico del sexo, la idea que se tiene de lo que debe ser –o como debe ser- una mujer: coqueta, delicada, fina, bella, tierna, abnegada; responde a una construcción cultural, socialmente armada, en el que la mujer siempre ha estado en función de un “Otro”: marido, hijo(s), padre, familia.
Por tanto, ella propone deconstruir esa identidad, o identidades asignadas, y que cada mujer construya su propia identidad, desde criterios propios. Inmediatamente, la Iglesia Católica lo incluyó entre su índice libros prohibidos, siendo uno de los últimos en gozar de tal distinción.
Es a partir de su trabajo que se comienza el trabajo sobre un nuevo concepto analítico: el Género, distinto al del sexo. Mientras éste último es un hecho biológico, el género es una construcción socio-histórica, que en base a determinadas características –incluidas las biológicas- asigna roles a hembras y varones de la especie humana.
De esta manera, el feminismo, que se suponía agotado una vez las mujeres occidentales lograron el derecho al voto y a ser votadas, cobra nueva fuerza, al echar luz sobre otras situaciones de desigualdad que no tienen nada de “naturales”, sino que, por el contrario, son producto de diferencias culturales naturalizadas hacia adentro de cada sociedad.
Sin lugar a dudas se ha avanzado mucho desde entonces. Hoy, en Occidente, no se cuestiona el derecho al voto femenino, ni a que trabajen, ni que estudien, ni están supeditadas toda su vida a la autoridad de algún hombre (padre, marido, hermano, sacerdote), y todo está consagrado por vía legal. Esto hace pensar que la igualdad de derechos existe porque así lo establecen la Constitución y las leyes. De hecho, hasta hace unos años, yo lo pensaba así.
Sin embargo, la ley, no tiene “efectos mágicos”. Por sí sola no cambia sociedades, ni prácticas culturales que están sostenidas sobre siglos y siglos de repeticiones y por la fuerza de la costumbre que las naturaliza.
Ejemplos varios:
  • Votar no significa ser votada. A nivel mundial, menos del 25% de las bancas legislativas son ejercidas por mujeres, y menos del 20% de titulares de ministerios lo son.
  • En el mundo, la pobreza tiene rostro de niño y de mujer. La mayoría de hogares pobres tiene al frente a una mujer jefa de hogar.
  • Un estudio realizado en 83 países demuestra que en la actividad privada, a igual tarea y cargo, las mujeres perciben entre un 10 y un 30% menos del salario que sus compañeros.
  • Muchas más mujeres que varones son universitarias hoy en día...pero están subrepresentadas en los cargos de mayor prestigio académico. Lo mismo pasa en cámaras empresariales y sindicatos.
  • Ni que hablar de las cifras de violencia doméstica en el mundo. O las cifras de trata y tráfico de personas.


Por todo ello, y como varón feminista que me considero, me rechina cuando se cuestiona al Feminismo o se ponen determinados “peros” acerca de los reclamos del feminismo contemporáneo.
Es cierto: hay mujeres que son violentas y ejercen violencia. También hay mujeres que llegan a cargos de ministras, de presidentas: de un país, de un Parlamento, de un sindicato, de una empresa. Y también es cierto que dentro entro del feminismo actual hay posiciones exacerbadas y radicalizadas... y personas taradas, como en todo grupo humano.
Hoy no es fácil reconstruirlo, pero seguramente, también entre las sufragistas de comienzos del Siglo XX había posiciones exacerbadas y radicales. Y eran acusadas de ser agitadoras, provocadoras, de “rompe hogares”, de ir contra de las tradiciones. Es que como escribió García Márquez: la historia es circular.
Pero cuando los datos globales en un sentido son tan contundentes, demuestran que más allá de los casos individuales de éxito (o de terror como en el ejercicio de la violencia)... hay cuestiones sistémicas y estructurales de fondo, que arrojan los resultados mencionados.
Por ello, me parece que cuestionar al feminismo, genéricamente y al boleo, porque hayan planteos exacerbados y tarados, es como acusar de terroristas a Mandela y al Congreso Nacional Africano porque alguna vez cometieron hechos de violencia para resistir el apartheid en Sudáfrica.
Y es, sobre todo, desconocer las razones históricas por las que surge el feminismo, y las desigualdades persistentes, estructurales, que pese a los mucho a avances registrados, aún hoy existen.






martes, 27 de febrero de 2018

Autoconvocados y Política (III) El problema (no menor) de la representación política. Por Rodrigo Tisnés





En la entrega anterior, me referí, partiendo de reflexiones generadas a partir de la aparición del movimiento de autoconvocados, al falso (o tramposo) discurso que, escudado en un supuesto “pragmatismo”, impulsa una agenda política que busca reducir la misma a una actividad gerencial, asimilable al de la empresa privada en una más que burda analogía, que en última instancia es un ejercicio de ideología en estado puro.
Sin embargo, pese a sus debilidades y contradicciones argumentales, este discurso “gerencial” ha prendido, y ha permitido el auge-surgimiento de empresarios millonarios devenidos en políticos, que enancados en discursos “ad-hoc” en el que mezclan conceptos empresariales, ideas populistas puras y duras (especialmente en materia de seguridad pública y derechos de los migrantes), y sentencias extraídas de manuales básicos de autoyuda.
Es un discurso atractivo y fácil de aprender por parte de una parte de la población alejada de los partidos políticos tradicionales, que descree en términos generales en la “política”, pero que no tiene ni ganas ni tiempo para reflexionar sobre que no les gusta de ella, y mucho menos para participar en la misma intentando cambiarla desde adentro. Si a esto sumamos la influencia que tienen las imágenes y campañas de marketing, y las redes sociales en la comunicación moderna como formadora de opinión, tenemos la explicación de gran parte del éxito de algunas de estas propuestas y políticos.
Así, y esto sí se aprecia en el discurso de los autoconvocados; se ve en el Estado a una suerte de agente u organización inoperante, salvo para cobrar impuestos y poner trabas burocráticas a la “creación de riqueza”, al tiempo que los políticos (a la cual se refieren como “clase política”) son una manga de ineptos y corruptos alejados de la gente, más preocupados en discutir entre ellos y conseguir votos que en encontrar soluciones “reales”. Con esta visión, la respuesta que dan es que hay que desideologizar la política, despolitizarla, para convertirla en una suerte de gerencia dominada por tecnócratas y expertos, y dejar que fluya la economía de mercado sin tantas trabas.
El problema, como dije en la entrega anterior, es que esta visión es tan ideologizada y parcializada como cualquier otra. Parte de un recorte de la realidad y toda una serie de analogías, supuestos y ejercicios mentales. Lo peor es su propia ceguera frente a su carga ideológica, como la de un niño que hace una travesura y luego dice “yo no fui”.
En el fondo, aunque no lo digan, y aunque tal vez ni siquiera se lo planteen, están cuestionando el concepto mismo de representación política.
Cabe recordar que la moderna democracia representativa toma forma a partir de fines del Siglo XVII y comienzos del XVIII con el surgimiento de las primeras democracias parlamentarias, primero con características bastante aristocráticas (la ciudadanía estaba bastante limitada, y se exigía determinado nivel de renta para el ejercicio de cargos legislativos) que se mantuvieron hasta comienzos del siglo XX, cuando la presión conjunta de los sindicatos, las sufragistas, y otros movimientos sociales, lograron sentar las bases de la actual política de masas y con criterios inclusivos de ciudadanía.
Con la democracia representativa y la inclusión en la categoría de ciudadanos de millones de personas, surgen los partidos de masas tal y como los conocemos hoy: organizaciones de neto carácter político, que se disputan entre sí las chances de acceder al gobierno (o influir en el mismo) mediante la disputa del voto de los electores, en elecciones abiertas y competitivas. Así llegaron los partidos políticos a ser los interlocutores válidos entre el Estado y la gente.
Y este aspecto de la democracia moderna es lo que en el fondo cuestionan los portaestandartes del discurso gerencial de la política. Y como modo alternativo a la gestión política de la cosa pública, proponen la idea de una gestión basada en criterios tecnocráticos de tipo gerencial. La propuesta, básicamente, consiste en una suerte de privatización de la actividad política, que en aras de ganar una –supuesta- mayor eficiencia, debería ser sustraída a los políticos “tradicionales” y ser depositada en manos de “gerentes políticos” y tecnócratas especializados.
Además de ser una propuesta tan cargada de ideología como cualquier otra, me parece, en términos democráticos, retroceder dos casilleros. Una nueva demostración de la circularidad de la Historia, que ante la crisis de representación de los partidos políticos, en vez de buscar formar y modos de radicalizar la democracia, da una media vuelta, y vuelve hacia formas aristocráticas u oligárquicas, apenas disimuladas tras un discurso de corte eficientista, tecnocrático, y libre mercadista.
Explota, eso sí, muy hábilmente la insatisfacción/tedio que produce en gran parte de la población los yerros, falta de respuestas ante problemáticas graves, y actos de corrupción de los políticos tradicionales.
Pero como ha quedado demostrado en varios casos (Collor de Mello, Fujimori, etc) estos “outsiders” no son impermeables a cometer ellos mismos actos de corrupción; y la lógica empresarial llevada a la gestión del Estado, no se ha mostrado ni más apta, ni más eficiente para resolver los problemas políticos, que en definitiva son aquellos en que se trata de articular la distribución desigual de poder entre individuos, colectivos, e instituciones dentro de una sociedad.
Y esos, no hay gerente ni tecnócrata que esté preparado para hacerlo.




viernes, 16 de febrero de 2018

Autoconvocados y Política (II) Por Rodrigo Tisnés




Voy a comenzar realizando una precisión: esta segunda parte no tiene tanto que ver con el movimiento de los autoconvocados en sí mismo, cómo en ciertas reflexiones e ideas que me han surgido a raíz de su aparición.
Si bien no forma parte de su plataforma, algunas partes de la misma, y de expresiones de referentes del movimiento me suenan parecidas, o cercanas al menos, al discurso, de contenido populista, que busca asociar la gestión pública a la gestión/administración de una empresa privada.
Quienes sostienen esta idea se suelen presentar como “outsiders” del sistema político, que vienen a corregir, desde afuera, un sistema que no funciona, en el cual todos los políticos son corruptos que buscan satisfacer apetencias personales (dinero, poder, fama, etc) y en caso de no ser corruptos, son unos incompetentes que no encuentran ni proponen las soluciones que “la gente” quiere, porque se acuerdan del pueblo solamente cada 4 o 5 años cuando salen a buscar los votos.
Este fenómeno no es novedoso y no surge en Uruguay. Puede rastrearse su origen, un tanto difuso, en la ascensión política de Valery Giscard d’Estaing, a fines de los 70’ y comienzos de los 80’, desde donde comenzó, lenta pero seguramente a permear al resto del mundo, para finalmente, penetrar con la fuerza arrolladora de un alud en Latinoamérica, una vez desaparecida la URSS y el bloque comunista, donde tomó primera forma en el Consenso de Washington a partir del cual se impulsaron toda la serie de reformas privatizadoras y de carácter gerencial en casi toda la región durante la década de los 90'.
Ahora bien, pese a que quienes sostienen este discurso “gerenciador” cargan contra la ideología, lo hacen genéricamente, sin nunca aclarar contra que ideología cargan. Porque, mal que les pese, y aunque parezca que para ellos esa palabra sea sinónimo del Anti-Cristo, el mero hecho de Ser Humano significa que alguna ideología tenemos. Los robots no piensan, por tanto no tienen ideología. Nosotros pensamos, por tanto, parafraseando a Sartre, estamos condenados a tener ideología.
No me refiero con esto a ser comunista, socialista, liberal, conservador, anarquista, ni ninguno de los “ismos” tan conocidos.
Voy a intentar ser claro: nosotros somos seres racionales y sensibles. Los hechos no los conocemos directamente, sino que la realidad la aprehendemos en procesos mentales –más o menos complejos y en general inconscientes - en virtud de lo que captamos mediante nuestros sentidos, y las fases de pensamiento asociados que nos permiten comprenderlos/desentrañarlos. Dicho de otra forma: la realidad es siempre interpretable.
Si no fuera así, resultaría imposible entender como en el pleno Siglo XXI hay personas (no pocas) que aún siguen creyendo que la Tierra es plana, en el creacionismo, en la superioridad étnico/racial, que Elvis está vivo, en rituales de magia negra, en la infalibilidad del Papa y Carlos Marx, en la neutralidad y la mano invisible del mercado… o que niegan el Holocausto.
Lo que llamamos realidad es, por tanto, siempre y antes que nada, una construcción simbólica, que nos permite dar orden y nombrar a las cosas del mundo, y relatar/contar lo que pasa de forma más o menos coherente con nuestras propias ideas y preconceptos.
Esto incluye, por supuesto, a quienes se paran desde un supuesto “pragmatismo” para criticar a los políticos y partidos políticos (todos) diciendo que lo que falta es gerencia privada… de la cosa pública.
El problema es que, para llegar a esa conclusión se debe pasar por todo un proceso mental, mediante el cual se equipara e iguala el Estado a una empresa privada, que de pique elige ignorar –u omitir- que mientras una empresa es una unidad económica que busca generar la mayor riqueza posible para distribuir la renta entre sus propietarios (o propietario); el Estado es la asociación política de los ciudadanos nacidos en determinado territorio (o naturalizados) que aceptan vivir en una comunidad, y cuyo cometido es garantizar la convivencia social de las personas y grupos que integran ese Estado, para lo cual dispone de ciertos medios, el más importante de los cuales, el monopolio en el uso legítimo de la coacción física.
Como puede apreciarse, son dos instituciones con fines radicalmente distintos (no necesariamente opuestos), por tanto, asimilarlos mediante una analogía por demás burda es un ejercicio de ideología casi en estado puro.
Podría contra-argumentarse que las empresas del giro industrial del Estado, aquella que brindan servicios de energía, agua potable, saneamiento, distribución y venta de combustibles, servicios de telefonía e Internet y datos, seguros, ferrocarriles, etc… sí tendrían que administrarse como empresas privadas, dado que en la medida que arrojen ganancias y sean eficientes, estarán actuando en beneficio del conjunto de la sociedad.
Es una visión posible. De hecho, hay actividades que hoy brinda el Estado en forma monopólica, que el desarrollo tecnológico ha convertido en obsoletas. El servicio de telefonía fijo es el más claro. Los seguros son otro, de una actividad comercial no estratégica, que funciona mucho mejor una vez abierta a la competencia.
Sin embargo, también existe la otra visión: la de que una empresa que brinda un servicio estratégico, como el suministro de energía eléctrica o el saneamiento, no necesariamente debe buscar la rentabilidad de una empresa capitalista clásica; porque en realidad, debe cumplir una función social, que es llevarle un servicio -básico en pleno siglo XXI- en condiciones mínimamente dignas hasta al más pauperizado rancho de lata, lo pueda pagar o no. De hecho, esa fue la razón que llevó a Batlle y Ordoñez a crear las primeras empresas públicas del Estado.
Y esa discusión, guste o no guste, no es económica, y mucho menos gerencial… ES UNA DISCUSIÓN POLÍTICA –e ideológica- porque es un debate acerca del tipo de Estado, y de sociedad, que queremos tener y construir entre todos.
Y por acá la dejo hoy, porque aún queda el tema no menor de la representación política, que es, en última instancia, lo que movimientos de “outsiders” políticos cuestionan. Prometo redondearlo en una tercera entrega… y espero que no sea una promesa vacía (como de político en campaña)

viernes, 9 de febrero de 2018

Autoconvocados y Política (I) Por Rodrigo Tisnés




Con el surgimiento del movimiento de los autoconvocados, asistimos en Uruguay a una nueva muestra de un fenómeno que, en lo particular, me resulta preocupante.
Lo preocupante no es el movimiento. Aunque parezca de Perogrullo, vale aclararlo, especialmente en esta época de redes sociales y 140 caracteres, en que como especie parecemos haber perdido cierta capacidad de abstracción de las ideas complejas. La protesta social, el reclamo, el “derecho al pataleo”, es uno de los principios básicos de la democracia, y uno de los puntos de diferenciación con las dictaduras. Se podrá estar individualmente de acuerdo, acordar en parte, o estar en total desacuerdo… pero la protesta social siempre es legítima.
Lo que me resulta preocupante es la declaración-aclaración de que la manifestación y movilización “no es política”.
Tal vez el equivocado sea yo, pero tengo entendido que los miles de personas que se juntaron a fines de enero en Durazno a las cuatro de la tarde, en un día de bastante calor… no eran un grupo de adoradores del Sol, ni de danzas folklóricas, ni de amigos que se juntaron a compartir un asado.
Por el contrario, era un grupo, bastante heterogéneo de productores rurales (y tal vez algunos comerciantes) con intereses y perfiles diversos, que se encontró en el centro del país, para reclamar al actual gobierno una suerte de plataforma elaborada en función de una serie de reclamos que tienen en relación a dificultades por las que atraviesa su sector en este momento. Incluso, esa plataforma va más allá y reclama, en forma genérica, que se baje el “costo del Estado”.
Y si se trata de un grupo de personas que cruzó medio país para acompañar y apoyar un movimiento que le reclama al Estado y al gobierno ciertas medidas concretas… francamente, no veo como tiene forma de no ser política.
Volviendo a la pérdida, o supuesta pérdida, de capacidad de pensamiento abstracto que comentaba anteriormente: afortunadamente, me siento capaz de distinguir, conceptualmente, las categorías “político” y “político-partidario. Nadie me lo ha dicho expresamente, pero intuyo que cuando el movimiento de los autoconvocados dice que no es “político”, en realidad están diciendo que no son un movimiento “político-partidario”. Suena parecido, pero no es lo mismo.
Esta confusión conceptual no es nueva. De hecho, una parte de la culpa es de los propios partidos políticos, que de alguna forma, tienen una tendencia a monopolizar la actividad política en cada Estado democrático. La propia lógica del funcionamiento de la democracia representativa los lleva a esto, desde el momento en que la elección de representantes políticos al Parlamento y a ciertos cargos ejecutivos se hace mediante el voto a candidatos que se presentan y postulan por medio de un partido político.
Sin embargo, esta tendencia no es absoluta. Con el surgimiento de la democracia de masas (es bueno recordar que hasta entrado el siglo XX, en casi todo el mundo la mayor parte de la población estaba excluida del ejercicio de la ciudadanía política), lleva a lo que en día en Ciencia Política se define como “poliarquías”, esto es, democracias pluralistas, con diversidad de partidos políticos y de actores con intereses políticos, que intervienen en la arena política, no a través de la competencia electoral, sino de su capacidad –diversa- de generar influencia, de movilizar personas y recursos. En suma: de incidir en la agenda POLÍTICA. Tenemos en este grupo de instituciones y organizaciones a: sindicatos, cámaras empresariales, multinacionales, iglesias (de todo tipo de credo), ONG’s (de jubilados, ambientales, de género, de consumidores, de celíacos, etc), universidades, asociaciones barriales y grupos de vecinos.
Robert Dahl, el principal teórico del concepto de poliarquía, expresaba que para que un sistema político democrático funcione correctamente, no sólo deben realizarse elecciones libres, periódicas y competitivas; sino que también, por fuera de esta lógica electoral, los ciudadanos deben poder formular y expresar sus preferencias, ya sea mediante la acción individual o colectiva.
En ese sentido, más afinado y preciso de lo que son las democracias modernas, el movimiento de autoconvocados entra de lleno en la misma, por tanto: ¡bienvenidos a la política!








viernes, 12 de enero de 2018

¿Yo?... uruguayo (por Rodrigo Tisnés) “Mi patria es mi hijo y mi biblioteca”. Roberto Bolaño.



Con esta, demorada, entrega pongo punto final a estas columnas. El motivo es muy sencillo: con casi cinco meses de radicación, ya no soy, ni me siento, un recién llegado. Seguiré colaborando con el Blog de Juanjo con notas y crónicas en la medida que la dinámica así lo indique.
Salvo la primera entrega, que fue escrita desde una emoción en carne viva, la idea de este espacio fue señalar –en forma caricaturesca- las diferencias que puede encontrar un uruguayo viviendo en Buenos Aires respecto al “paisito”. Diferencias que, en definitiva, por anecdóticas terminan demostrando lo cercanos y parecidos que somos. Lo escribí en una entrega anterior: para un extranjero, especialmente para un gringo, argentinos y uruguayos resultamos absolutamente indistinguibles. Y también, estoy convencido que hay más similitudes culturales entre un porteño (o un bonaerense) y un montevideano, que entre el mismo porteño y un chaqueño o un formoseño.
Plantearse la “argentinidad” o la “uruguayez”, es plantearse si existen las identidades nacionales. O sea: si una persona, por haber nacido en determinado pedazo de tierra, posee o cuenta con determinadas señas de identidad que la hacen diferente a su vecino que nació en el pedazo de tierra a 20 kilómetros de distancia, pero justo quedaba del otro lado de la frontera. El pedazo de tierra podría estar a 20 metros en el caso de algunos lugares (pienso en el Chuy y Rivera) o a 100 kilómetros.
No creo que se precise ser antropólogo para llegar a la conclusión que las identidades nacionales no son características naturales, ni genéticas, con las que nace una persona por haber nacido en un territorio llamado Uruguay, Argentina, Bolivia, Chile, o Malawi. No hay características predeterminadas que determinen la identidad nacional. No conozco, hasta ahora, bebés que salgan del vientre materno con el termo y el mate abajo del brazo.
Las identidades nacionales están basadas en tipos ideales y estereotipos, que buscaban afirmar el sentido de pertenencia al Estado-Nación como forma de justificar, y diferenciarse del vecino. En Europa esa construcción lleva más de 500 años, e implicó, entre otras cosas, la expulsión de comunidades determinadas en algunos países (los judíos en España, Portugal y Polonia); mientras que en América Latina es un proceso que lleva unos 150 años, desde la independencia de las viejas colonias. Así, se intenta uniformizar a la población fronteras adentro, poniendo un un énfasis en las diferencias con los vecinos, y se minimizan las muchas similitudes existentes.
Esta construcción de la identidad nacional, que es simbólica, mistifica determinadas cualidades supuestamente inherentes al “ser nacional” y al pedazo de tierra que se ocupa.
No quiero que se me malinterprete. Yo amo Uruguay y me siento profundamente uruguayo. Así como amo a Rocha y me sigo sintiendo profundamente rochense.
Pero tomando la cita de Bolaño, lo que he descubierto (o más bien reafirmado en estos meses), es que no preciso estar en Rocha para sentirme y ser rochense. Siempre será el lugar donde nací, me crie, me eduqué, viví los primeros amores –en general fugaces, tímidos y no correspondidos- adolescentes, las primeras aventuras y borracheras con amigos, y es el lugar al que busqué volver durante mucho tiempo. Es el lugar donde aún tengo gran parte de mis afectos (familia, amigos, de toda la vida y los nuevos que hice en mi “segunda” etapa rochense), con el que sueño, me ilusiono, y me interesa saber que sucede: me alegro con sus logros y éxitos, y me entristecen las malas noticias.
Por eso puedo decir que traigo a Rocha conmigo. Está presente en las personas, en mi memoria, en mi discurso, y en mi escritura. Exactamente lo mismo puedo decir de Montevideo, y del “paisito”. Son parte indisoluble de mi identidad por todo el magma acumulado a lo largo de los años.
Y a medida que pasan los días y semanas, también Buenos Aires se me está metiendo en la piel. Se está haciendo parte de mi identidad, así como Rocha, Valizas, Montevideo, Trinidad, La Paloma y La Pedrera son parte de la persona que soy ahora; porque también acá he conocido gente, forjado nuevas e insospechadas amistades y lazos afectivos. También sueño y me proyecto en esta inmensa, descomunal, caótica y seductora ciudad, que me ha recibido con los brazos abiertos, siendo un perfecto desconocido. En esta ciudad que me ha sacudido una suerte de modorra, especialmente artística, en la que me había sumido el confort de Rocha.
Incluso, retomando el tema de la tierra y las fronteras que con esmero inventamos, me ha recibido siendo nada más que todo un extranjero, y nada menos que un integrante de la especie Humana.
Por eso, puedo afirmar que, yo... uruguayo, sin lugar a dudas, pero también un poco argentino, absolutamente sudamericano y latinoamericano, bastante iberoamericano, y decididamente cosmopolita.

jueves, 28 de diciembre de 2017

Cataluña: entre lo Jurídico y lo Político. Por Rodrigo Tisnés



En julio de 2012, cuando los gobiernos de Argentina, Brasil y Uruguay resolvieron suspender temporalmente a Paraguay como miembro pleno del MERCOSUR (posibilitando así el ingreso de Venezuela), el por entonces presidente José Mujica argumentó la decisión diciendo que a veces “lo político estaba por sobre lo jurídico”.
El razonamiento, por supuesto, generó polémica, especialmente entre quienes sostienen que en un Estado de Derecho, las razones y lógicas políticas no pueden primar ni estar por sobre las acciones ajustadas a derecho. Tanto es así que, el año pasado, en ocasión del traspaso de la presidencia pro-témpore del Mercosur, el gobierno uruguayo –aun siendo del mismo partido político- sostuvo el argumento contrario, para defender su decisión de pasar ese mando a Venezuela.
En realidad, ambas posiciones están equivocadas. Parten de una idea de preeminencia de una lógica sobre la otra; cuando, en realidad, ambas coexisten. En general esa coexistencia se da en forma más o menos armónica, pero hay ocasiones en que ambas coliden y entran en tensión. Es el caso por ejemplo de normas declaradas inconstitucionales. Además de problemas de técnica legislativa que puedan existir en algunas de ellas, también es resultado de la tensión entre disposiciones normativas establecidas en la Constitución, y la voluntad del cuerpo legislativo de sancionar normas, que más allá de lo normativo, expresan una voluntad o señal política en determinado sentido.
Pero no son los únicos casos que existen.
Retomando el ejemplo inicial: la destitución de Fernando Lugo fue un acto político en el que integrantes de una alianza que había llevado al gobierno al entonces presidente, la rompieron, se aliaron con otros socios, y dejaron en minoría al bloque del Presidente. La nueva mayoría tenía los votos más que suficientes para destituirlo, y aprovechó una situación coyuntural para hacerlo. No fue un golpe de Estado, dado que es un mecanismo previsto constitucionalmente. Pero tampoco se puede decir que fue un “juicio”: no resiste el menor análisis en materia de las garantías ofrecidas al acusado para su legítima defensa, ni en la imparcialidad del cuerpo que resolvió el tema, ni en los plazos brindados. La confusión está en utilizar la denominación “juicio” para un acto eminentemente de carácter político, dado que es resuelto por un cuerpo político, en el que, pese a que existen argumentos que se quieren vestir con ropaje jurídico, en realidad se manejan argumentos políticos, y se sostienen en base a acuerdos, negociaciones, y componendas políticas, que un tribunal judicial no admitiría nunca por la sencilla razón de que está por fuera de su lógica de funcionamiento. Exactamente lo mismo puede ser afirmado en los casos de los brasileños Fernado Collor y Dilma Rousseff, y en el del –aun- presidente peruano, Pedro Kuczynski.
Tanto en el caso de normas supuestamente, o posiblemente, inconstitucionales, como en las formas de destituir al titular del Poder Ejecutivo, en cada país existen mecanismos diversos que administran estas tensiones.
El problema surge cuando no existe un mecanismo previsto para administrar ese conflicto, o sí existe es muy parcial e imperfecto, y no se ajusta a la realidad. Eso es lo que pasa en el caso de Cataluña, con la puja entre independentistas y unionistas.
Desde el gobierno central, especialmente por parte de Rajoy, han abordado el problema catalán desde el aspecto jurídico, sabiendo que eso fortalece su posición: la Constitución Española, de la época de la transición, no reconoce el derecho a la autodeterminación ni la posibilidad de convocar a plebiscitos consultivos en las Comunidades Autónomas. El Derecho Internacional, siempre más laxo y diplomático, admite y reconoce el derecho a la autodeterminación de “los pueblos”, pero bajo ciertos supuestos y el cumplimiento de ciertas condiciones.
Desde el gobierno catalán, si bien han intentado explicaciones jurídicas basados en los pocos resquicios que les abre el Derecho Internacional y los autonómicos, básicamente han planteado en términos políticos el debate: Cataluña y los catalanes tienen el derecho a la autodeterminación y a decidir si quieren, o no, ser parte de España, dado que son un pueblo con identidad propia, y ese es un valor supremo por sobre lo que en la materia establezca la Constitución española.
O sea: resulta imposible un entendimiento, siquiera un acercamiento, entre las partes porque hablan y razonan en dos lenguajes distintos, el jurídico unos, y el político otros.
De esta forma, a lo largo de los meses ha oscilado este conflicto, donde alternativamente ha tenido más preeminencia lo político, lo jurídico, y ahora parece que nuevamente lo político. Al menos eso es lo que surge luego de las recientes elecciones del 21 de diciembre, convocadas por el gobierno de Rajoy, luego de haber destituido al anterior gobierno regional.
Políticamente ha quedado claro que la sociedad catalana está movilizada, y dividida en mitades imperfectas respecto a la cuestión independentista. Existe una mayoría relativa favorable a la independencia o –al menos- a un grado mayor de autonomía. De hecho, los sectores políticos que apoyan la independencia serán (nuevamente) mayoría en el nuevo Congreso. Pero por otro lado, hay otra minoría relativa, bastante significativa, que no ve con buenos ojos esto de la independencia. De hecho, Ciudadanos, un partido que defiende el unionismo, resultó el más votado en las recientes elecciones, pero queda en minoría frente a la suma de los independentistas, y su líder –Inés Arrimadas- ya ha declinado la posibilidad de formar gobierno.
Sin lugar a dudas, quien salió perdiendo en el terreno político es el gobierno central encabezado por Rajoy. El PP, que contaba con 11 diputados en el Parlamento Catalán, pasará a tener tan sólo 3. De hecho, tuvo menos votos que el CUP, un partido secesionista de izquierda radical. De esta forma los populares pagan el precio de la testarudez ideológica y la falta de cintura e imaginación política de un Rajoy que, en el conflicto catalán, nunca entendió (o no quiso ver) que él es líder y Jefe de Gobierno; no Juez de un Tribunal Supremo. Se negó a ver el problema en su dimensión política, y al nacionalismo catalán, opuso un discurso nacionalista en el sentido contrario: el de España como nación única e indivisible.
No obstante, el resultado de estas elecciones también resulta un mapa más realista que el de aquel referéndum convocado y organizado de manera caótica, y llevado a la fuerza por un gobierno regional que, aprovechando la obstinación de Rajoy, logró más de un 90% de votos favorables a la independencia.
En definitiva, hoy la situación en Cataluña, política y jurídica, parece estar empantanada. Jurídicamente las figuras más representativas del movimiento independentista están en la cárcel, o exiliadas para evitar ser encarceladas, y esperando que se inicien los juicios en su contra. Políticamente, el independentismo sigue siendo fuerte, y el PP acaba de sufrir una derrota histórica en Cataluña.
Para salir de este juego de “suma 0” que ha sido hasta ahora, se necesita una flexibilidad, liderazgo e imaginación que Rajoy no ha mostrado hasta ahora, y dudo que tenga.
De todas formas, un poco lo entiendo: en un país diverso y multicultural como España, aflojar en relación a Cataluña, podría significar el comienzo del fin de la España que conocemos hoy en día, porque además del nacionalismo catalán, tiene que enfrentar el nacionalismo vasco, el gallego, el andaluz, y el valenciano. Lo entiendo… pero no lo comparto. Me parece que, en pleno siglo XXI, el derecho a la autodeterminación de los pueblos y sociedades no debiera ser cuestionado: si catalanes, vascos y gallegos no quieren, o quisieran, formar parte de España, no se los puede obligar con el corset de la ley y la amenaza del garrote.
Por tanto, correspondería a los líderes catalanes hacer una movida. ¿Cuál? Estimo que, sin abandonar la lógica política de su discurso, deberían agregarle un componente jurídico, como forma de canalizar la tensión. Si la Constitución española es inflexible y no admite que las Comunidades Autónomas puedan organizar plebiscitos para resolver su permanencia dentro de España, tal vez debería comenzar por promover una reforma constitucional que habilite a este tipo de consultas, sin necesidad de la aquiescencia del gobierno central, o con un grado mínimo de coordinación.
Esto, a su vez, les posibilitaría –a nivel político- tejer nuevas alianzas en otras Comunidades Autónomas, que hoy en día miran con cierto recelo el proceso catalán, porque entienden que el reclamo de independencia, más que un reclamo legítimo, es un actitud egoísta para no compartir/repartir la riqueza generada en su territorio, con las comunidades más pobres y atrasadas.
Y eso, el reparto de la riqueza generada, también debería formar parte de un debate político sincero acerca de la autonomías; cosa imposible si desde el gobierno central se sigue insistiendo en el callejón sin salida jurídico.




jueves, 7 de diciembre de 2017

La Revolución Rusa, 100 años después 02 Por Rodrigo Tisnés



Con la perspectiva de un siglo, es posible afirmar que la Revolución Rusa influyó en la ampliación de la esfera democrática. El surgimiento de un “Estado-obrero”, que se presentaba como vanguardia de la nueva sociedad por venir, generó como reacción en el mundo Occidental el impulso de todo el andamiaje de los derechos desegunda generación”, que comenzaron a ser reconocidos explícitamente por casi todas las Constituciones modernas y demás normas jurídicas.
Se trata de toda la serie de derechos de tipo social (trabajo, huelga, salud, educación, a formar sindicatos, seguridad social, etc), que buscan garantizar la base material de la vida, una suerte de punto de partida para el efectivo goce de los derechos civiles y políticos, o de “primera generación”.
Así se montó el esqueleto de lo que posteriormente sería conocido como “Estado de Bienestar” o “Estado Benefactor” (Welfare State) sustentados sobre la base del reconocimiento, protección y ejercicio efectivo de estos derechos sociales, económicos y culturales.
Otra reacción, más contextual y visceral, fue el auge en Europa de gobiernos totalitarios de signo opuesto: el fascismo en Italia, el nazismo en Alemania, y los regímenes de Franco y Salazar en la Península Ibérica. A esto se sumó la condescendencia con la que otros gobiernos europeos trataron y toleraron a Mussolini y a Hitler. Especialmente este último fue visto como un “freno” posible frente a la posible expansión hacia el oeste del mundo soviético.
No obstante lo anterior, Hitler y Stalin cultivaron por un tiempo una relación de tolerancia mutua. E incluso pactaron el reparto de Polonia, que desencadenó la 2ª Guerra Mundial. En esas vueltas de carnero geniales que a veces da la Historia, el detestado y temido comunismo ruso, terminó siendo aliado militar de las detestadas democracias burguesas, contra el enemigo común que representaba el nazismo.
Una vez terminada la guerra, ambos bandos volvieron a detestarse con renovado fervor, en un mundo reconstruido y reconformado sobre las ruinas –todavía humeantes- del anterior, y liderado por las dos superpotencias que emergieron victoriosas: Estados Unidos de un lado, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviética del otro.
La Guerra Fría dividió al mundo en dos bloques separados tras una imaginaria “Cortina de Hierro” por cuatro décadas, y dejó a Berlín literalmente dividido por un muro, tan real como atroz e insensato. El conflicto fue frío para las dos potencias (en gran parte por la amenaza latente de la destrucción nuclear mutua) pero resultó caliente en muchos puntos periféricos del planeta: Corea, el sudeste asiático, casi toda Latinoamérica, y toda África padecieron conflictos de diversa especie: intervenciones militares, guerrillas, contra-guerrillas, golpes de Estado, imposición de dictaduras y gobiernos títeres, torturas, persecuciones políticas, desapariciones y exilios. Ese fue el costo humano del mundo dividido en dos.
Si Estados Unidos tuvo su Vietnam, la URSS tuvo su Afganistán. Si Estados Unidos derrocó gobiernos como el de Arbenz en Guatemala y el de Allende en Chile, la URSS no dudó en entrar con sus tanques en Hungría en 1956 y en Checoslovaquia en el 68. Si Estados Unidos tuvo su Cuba, la URSS tuvo su Yugoslavia. Y ambos se repartieron Alemania y Corea como botines de guerra.
Esa fue la razón por la que líderes de algunos de esos países periféricos, que no se conformaban ni toleraban el papel de meros peones en ese mundo que otros habían dividido en dos, resolvieron crear el Movimiento de Los No Alineados. Era un mensaje para dejar en claro que se negaban a entrar en la lógica bipolar, simplista y simplificadora, autoritaria y prepotente, del “si no están conmigo, están con el enemigo”.





¿Yo?... uruguayo (por Rodrigo Tisnés) Buenos Aires y los porteños vistos por un uruguayo recién llegado. Uno de los aspectos en los que esta ciudad me parece superior a Montevideo es en el transporte público.



Además de las opciones que “la muy fiel y reconquistadora” ofrece: ómnibus (colectivo) y taxi, acá se suman un importante circuito de bici sendas bien distribuidas y bicicletas públicas accesibles en diversos puntos de la ciudad, y –especialmente- el subte. A esto se agrega que las frecuencias de las líneas de ómnibus son más seguidas, la abundante disponibilidad de taxis, y que el transporte es más barato.
Podría decirse que dada las diferentes escalas entre ambas ciudades resulta lógico que Buenos Aires cuente con una oferta más importante de transporte público. Debe tenerse en cuenta que es una ciudad donde viven (vivimos) unas 2,5 millones de personas, y se estima que diariamente ingresa y sale el doble de esa población.
Pero tiendo a pensar que no es tan solo un tema de escala. Sin pretender ofender a nadie, no me puedo imaginar a Montevideo recibiendo un flujo diario del doble de su población, sin que su sistema de transporte colapse totalmente. Al menos tal y como está ideado actualmente.
¡Ojo! No se trata de que en Buenos Aires sea una maravilla. Acá hay embotellamientos, miles de personas que viajan como ganado en horas pico, y cortes casi diarios de avenidas y calles. Hay que ser muy aventurero (y tener bastante paciencia) para largarse a manejar por Corrientes, la 9 de Julio, Córdoba, o Rivadavia a media tarde.
En realidad, no conozco ciudad en el mundo de este tamaño y con esta afluencia de gente que haya resuelto definitivamente el tema del tránsito. Mucho menos en Latinoamérica.
Retomando el tema de inicio…
Los taxis porteños tienen dos ventajas sobre los montevideanos: la ausencia de mampara, que como cualquier persona que haya tomado un taxi en Montevideo sabe, resulta bastante incómoda para el pasajero; y la otra, que aún con los ajustes tarifarios y la inflación, sigue siendo más barato moverse en taxi acá que allá.
De todas formas, es el tipo de transporte en el que menos diferencias existen.
En los colectivos se me hace mucho más nítida. Para comenzar, el costo es sensiblemente más barato que el de tomarse un “bondi” en Montevideo. Frente a los 33 pesos que cuesta allá, acá el costo máximo para ir de un extremo al otro de la ciudad anda en los 7 pesos argentinos… calculando el tipo de cambio al doble, son 14 pesos uruguayos. Es cierto que el costo del transporte está parcialmente subsidiado, pero creo que en Montevideo también lo estaba, o está.
Pero, para mi gusto, la mayor diferencia está en la frecuencia de las líneas. Me he tomado colectivos a la medianoche y de madrugada. La vez que tuve que esperar más tiempo fueron 18 minutos. En concreto: hasta ahora, nunca he sentido la sensación de abandono y desasosiego que se puede experimentar al esperar un ómnibus a las 3 de la mañana en Montevideo por más de 40 minutos… en plena Avenida 18 de Julio.
Sin embargo, lo que separa definitivamente el transporte público entre ambas ciudades, es el subte.
Una vez superado el miedo pueblerino a usar este medio de transporte que corre raudo bajo tierra (miedo generado por el temor a perderme), primero quedé deslumbrado por lo barato -un peso más que el colectivo- y la rapidez con que cubre grandes distancias. Ir bajo tierra, sin tráfico, tiene sus ventajas.
Ahora, aquel deslumbramiento inicial dejó lugar, luego de sufrir el calor inclemente (que golpea como un puño húmedo) de las estaciones, y las aglomeraciones de personas viajando apretadas como sardinas en lata; al sereno reconocimiento que, con sus imperfecciones, limitaciones, y aspectos mejorables, el subte es –por varios cuerpos- el mejor y más cómodo medio de transporte para cubrir distancias medianas y largas en la ciudad.
Pero lo mejor de lo mejor, y lo que más disfruto del subte, es el wifi público de las estaciones. Una verdadero “salvavidas” para los yoruguas que seguimos teniendo celular con número de allá.